GIOVANNI CARRIÓN CEVALLOS

De acuerdo con la actual Constitución una de las atribuciones, o mejor dicho, deberes que tiene la Asamblea Nacional, es de fiscalizar los actos de los órganos del poder público para lo cual cuenta, entre otras cosas, con la herramienta del juicio político que se asume como un proceso encaminado a hacer efectivo “el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos”, es decir, ejercer el control de la acción de gobierno, aplicando para ello los pesos y contrapesos tan necesarios para la supervivencia de un régimen democrático. En efecto, los Arts. 129 y 131 de la Carta Magna determinan con claridad los requisitos y condiciones que deben reunirse para proceder al enjuiciamiento político ya sea del Presidente o Vicepresidente de la República, así como de otras altas autoridades, procedimiento que puede desembocar inclusive en la censura y destitución del funcionario investigado. A propósito de este tema, en estas últimas semanas ha generado interés en la opinión públ

A más de los compromisos adquiridos en materia económica, migración, desarrollo social, seguridad, entre otros, los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos últimamente en México, apoyaron la creación de una nueva organización regional, en tanto se requiere conforme consta en la Declaración de Cancún de “…una instancia de concertación política fortalecida que afiance su posición internacional y se traduzcan en acciones rápidas y eficaces que promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas de la agenda internacional”. Consecuentemente, se trata de un organismo regional, cuya acta fundacional se prevé suscribir en julio de 2011, y que en lo sustantivo se presenta como diferente a la Organización de Estados Americanos (OEA), no solamente porque en su conformación se excluye a los EE.UU y Canadá, sino por la expectativa creada en torno a otorgar un mayor peso político a Latinoamérica y el Caribe, más aún en un escenario internaci

Resulta difícil imaginar a un país en goce de salud democrática y con pleno crecimiento y desarrollo económico sin la existencia del capital social, es decir, de ese entramado de redes sociales que definen a una comunidad volcada al respeto de las normas, los criterios de reciprocidad y confianza entre la gente, así como en acerados compromisos de participación con fines cívicos de la población.. De hecho, Robert Putnam establece una relación directa entre el capital social disponible y el funcionamiento de las instituciones democráticas. De ahí la importancia de cuidar y reproducir este capital que se alimenta del recurso moral y que atraviesa no solamente las estructuras políticas y sociales sino también el propio mercado que requiere sobre todo de confianza, ya que de otra forma se elevan los costos de transacción, los mismos que se reflejan, valga decir, en el pago de seguros y pólizas de cumplimiento ante la violación de los acuerdos o contratos pactados. Como se ve, la presencia