GIOVANNI CARRIÓN CEVALLOS

La Cumbre del Clima realizada en Copenhague, Dinamarca, lamentablemente se cerró en medio de la contrariedad y el desencanto. En efecto, a excepción de EE.UU y China, quienes calificaron como positivos los acuerdos alcanzados en esta cita mundial, existen crecientes voces que definen a este encuentro como un total fracaso en el intento de frenar la destrucción paulatina y agresiva de nuestro planeta, a través de la afectación del medio ambiente. Precisamente, uno de los mayores reparos que muestra el documento se relaciona con el hecho de que los temas abordados no tienen un carácter vinculante, en otras palabras, los países no están obligados a cumplir con los acuerdos alcanzados, particularmente en aquello de detener el incremento de la temperatura en un máximo de 2 grados centígrados, así como ofrecer asistencia económica a las economías pobres afectadas por el cambio climático y propender al efectivo control de las emisiones de CO2. También, en el texto final no se precisan los mec

Las groseras escenas de vandalismo y terror registradas en estos últimos días al interior de la Universidad Central del Ecuador (UCE) presentan la radiografía de un país atrasado que ha perdido su brújula y que se halla inmerso en una profunda crisis de valores, cuyo lúgubre escenario amenaza con arrancar a dentelladas lo que resta de un maltratado tejido social, por el momento hecho jirones. Ciertamente, resulta difícil entender que en el siglo XXI, época signada como la era del conocimiento, ciertos jóvenes secundarios y universitarios -o mejor dicho delincuentes comunes disfrazados de estudiantes- irrumpan de pronto en una sesión del Consejo Universitario de la UCE y desalojen del lugar a las autoridades en medio de puntapiés y garrote, so pretexto de no ceder el control que ejercen grupos de extrema izquierda sobre las mentes frágiles de adolescentes, a quienes se los envuelve con principios maoístas ya superados como aquel de que el poder nace del cañón de un fusil. ¡Que vergüen

Cuando aún están frescas las declaraciones de Francisco Huerta Montalvo, en el sentido de que en el Ecuador podría echar raíces la narco-democracia, los medios de comunicación casi a diario dan cuenta de la acción de la policía en la neutralización de este ilícito negocio, a través del desmantelamiento de bandas criminales, así como en el allanamiento de locales destinados al acopio del alcaloide. En efecto, y no obstante de la intervención de la Fuerza Pública en el combate frontal a este flagelo, en el país comienza a observarse signos preocupantes que dejan entrever que este monstruo apocalíptico se extiende no solamente en el ámbito geográfico del territorio nacional, sino también hacia otras fases vinculadas con este cáncer del siglo XXI. Recordemos que el tráfico de drogas no sólo se refiere al cultivo, procesamiento y comercialización de los estupefacientes, sino que incluye adicionalmente etapas tan lucrativas como las anteriores, valga decir, la utilización de precursores, ven

El numeral 4 de la Primera Disposición Transitoria de la Constitución de Montecristi determina que la Asamblea Nacional, entre otros cuerpos normativos, deberá aprobar la ley de comunicación, proyecto que ha levantado, valga decir, todo un avispero en la opinión pública nacional, al ser considerado por amplios sectores como una seria amenaza a la libertad de prensa y pensamiento en el país. Al respecto, y si bien la ley de comunicación nace por un mandato constitucional, lo cual apaga de plano aquellas voces que propugnan su no tratamiento al interior de la Asamblea, debe ser objeto de un responsable análisis y debate, que permita recoger el criterio de amplios grupos y actores sociales que tienen mucho que decir y aportar todavía en la construcción de este marco jurídico. Para ello, hay que dejar atrás prejuicios, así como posturas maniqueas de etiquetar a la prensa que no está alineada con el oficialismo, per se, como un poder fáctico corrupto que se encuentra al servicio de grupos