GIOVANNI CARRIÓN CEVALLOS

El Presidente Rafael Correa planteó la necesidad de abrir un debate respecto a cantar la primera estrofa del himno nacional y con ello grabar –así lo entenderíamos- en los ciudadanos y, particularmente, en la mente fresca de niños y jóvenes su máxima: “prohibido olvidar”, respecto al colonialismo español y la posterior independencia política alcanzada por nuestros próceres y soldados, quienes un 24 de mayo de 1822 hicieron morder el polvo de la derrota a las fuerzas realistas. En verdad, esta no es la primera ocasión en que se plantean variantes a nuestros símbolos patrios. Ya en la Asamblea de Montecristi, algún trasnochado constituyente propuso modificaciones en este sentido. Ahí se habló de incluir algunos elementos nativos en el Escudo, valga recordar, la concha spondylus, la wipala, el jaguar. A la final, la sensatez se impuso y no prosperó tamaño dislate; no obstante, hay que decirlo, en el vestuario, las camisas con motivos autóctonos en estos últimos años se han abierto espaci

Cuando el oficialismo advirtió que la movilización indígena adquiría dimensiones preocupantes para un nervioso gobierno ‘revolucionario’ y, sobre todo, la suma de votos al interior de la Asamblea Nacional le resultaba insuficiente para imponer la acostumbrada dictadura del número y aprobar el proyecto de ley de aguas, de repente –y como válvula de escape a la presión social- se desempolvó espontáneamente el olvidado numeral 17 del Art. 57 de la Carta Magna que establece como uno de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, a ser “consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”. De esta manera, y apoyados en una sentencia de la Corte Constitucional, como obra de un hábil mago antes que de la decisión de un creativo arquitecto, los ecuatorianos de pronto nos encontramos discutiendo sobre la consulta pre-legislativa, tierna niña que al igual que la Constitución, se ve amenazada por un eventual

Quienes creemos en la integración latinoamericana como una opción válida y necesaria para negociar desde una mejor posición dentro de una aldea global segmentada en bloques económicos, tenemos afincadas esperanzas en que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), se convierta en una ágil y eficiente herramienta para aglutinar a la subregión bajo objetivos y propósitos comunes, encaminados a otorgarle un mayor peso político y económico. Y es que no podemos soslayar el hecho de que en el Nuevo Orden Internacional inaugurado a partir de la implosión en 1991 de la ex Unión Soviética y la consolidación de los Estados Unidos como la hiperpotencia y árbitro del planeta, se han creado alianzas o definido estrategias encaminadas a establecer contrapesos al hegemón y, de esa manera, tratar de equilibrar y distribuir de una mejor forma el poder en el mundo. De hecho, ahora mismo la tríada conformada por los EE.UU, la Unión Europea (UE) y el Japón, conjuga factores determinantes y decisivos en e

No se trata de inventar el agua tibia, sino tan sólo de aplicar acciones o medidas cuyos resultados positivos alcanzados en su momento las convirtieron en soluciones acertadas a problemas citadinos, como por ejemplo, la congestión vehicular, que es propia de las urbes en crecimiento y, particularmente, de las grandes metrópolis. Así lo entendió Augusto Barrera, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, quien con base a la experiencia que muestran otras capitales, valga decir, Bogotá, México o Santiago, decidió hace una semana implementar el sistema del ‘pico y placa’ y con ello retirar en promedio unos 80 mil vehículos por día de las estrechas y sinuosas calles y avenidas de la capital de la República, permitiendo con ello no solamente mejorar el flujo vehicular, sino también apoyar en la tarea de proteger el medio ambiente. Sin duda que la experiencia positiva recogida con el ‘pico y placa’ de otras ciudades del continente, ha coadyuvado a que esta propuesta tenga éxito en su fase

Resulta difícil entender como en el siglo XXI aún se puedan promover regulaciones que afectan los derechos humanos, como por ejemplo, lo sucedido con la reciente aprobación de la Ley SB 1070 a través de la cual el Estado de Arizona (EE.UU), criminaliza a los inmigrantes indocumentados contemplando “…cárcel hasta de seis meses de prisión, multas de hasta dos mil 500 dólares y deportación”. Ciertamente, la decisión de la gobernadora Jan Brewer, merece el rechazo firme del mundo civilizado, conforme ha comenzado a ocurrir al interior de los propios Estados Unidos, por tratarse de una acción cargada de evidente discriminación, racismo y xenofobia, lo cual la convierte groseramente a esta normativa en inconstitucional. La lógica empleada por quienes están detrás de la Ley de Arizona, desnuda a un capitalismo salvaje e inhumano, plagado de contradicciones y falsos principios, como aquel de la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales de las personas dentro de un proceso de globa