LA LEY DE ARIZONA

Resulta difícil entender como en el siglo XXI aún se puedan promover regulaciones que afectan los derechos humanos, como por ejemplo, lo sucedido con la reciente aprobación de la Ley SB 1070 a través de la cual el Estado de Arizona (EE.UU), criminaliza a los inmigrantes indocumentados contemplando “…cárcel hasta de seis meses de prisión, multas de hasta dos mil 500 dólares y deportación”.

Ciertamente, la decisión de la gobernadora Jan Brewer, merece el rechazo firme del mundo civilizado, conforme ha comenzado a ocurrir al interior de los propios Estados Unidos, por tratarse de una acción cargada de evidente discriminación, racismo y xenofobia, lo cual la convierte groseramente a esta normativa en inconstitucional.

La lógica empleada por quienes están detrás de la Ley de Arizona, desnuda a un capitalismo salvaje e inhumano, plagado de contradicciones y falsos principios, como aquel de la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales de las personas dentro de un proceso de globalización que lo absorbe casi todo. A propósito, en este punto, ¿cómo explicamos una movilidad desenfrenada de capitales que no reconoce fronteras y a la vez se imponen fuertes restricciones al desplazamiento del principal factor de la producción: la fuerza laboral?.

Lo cierto es que el hombre dentro de la dinamia que impone el neoliberalismo y la mundialización del capital no es más que una mercancía, sujeta a las fuerzas de la oferta y demanda y visible para el mercado únicamente cuando los actores tienen la capacidad de ofrecer o demandar bienes o servicios. Por ello, los pobres o indigentes, aquel amplio segmento de la población que no puede ubicarse en la oferta ni en la demanda, simplemente no existe para el capitalismo.

En esa línea, precisamente, la Ley de Arizona no hace otra cosa que recoger esta visión irracional y bárbara que degrada y ‘cosifica’ al hombre, penalizando a los desheredados del sistema, entre los que se incluye a los inmigrantes, por el pecado de tener la condición de indocumentados.

¿Serán acaso criminales aquellos padres y madres de familia que deciden –debido a la pobreza- dejar sus hogares para buscar en tierras lejanas una oportunidad de trabajo y con ello asegurar medianamente la subsistencia de sus hijos?. ¿Son delincuentes los latinoamericanos quienes con su trabajo responsable ayudan al crecimiento de las economías del primer mundo?. ¿Son criminales quienes con el sudor diario de su frente envían remesas a sus países de origen y participan directamente en el desarrollo de sus pueblos?.

Que pena que en época de la mayor expansión científica y tecnológica que haya experimentado la sociedad postmoderna, existan criterios tan atrasados y reaccionarios como los contenidos en la Ley de Arizona. Por lo mismo, corresponde principalmente a los pueblos que exportan mano de obra unirse para reclamar por esta perturbadora legislación que lesiona la dignidad de las personas.

De hecho, el destino de la Ley de Arizona debe ser el tacho de basura…