No cabe duda que el principio de la reelección indefinida es absolutamente contrario a la naturaleza de un régimen democrático sano, en tanto la alternancia en el poder abre la posibilidad de la renovación de las autoridades, desestimulando que la gestión de quienes cumplen una función de representación popular esté condicionada por el interés de perpetuarse en esa representación a cualquier coste (lo que muchas veces está atado a la falta de transparencia), lo que determina que sus decisiones y acciones estén enfocadas no necesariamente en lo que necesita el pueblo sino en establecer una base electoral que le asegure los votos suficientes para su ratificación en el tiempo.
Como recordamos, la anterior Asamblea Nacional, sumisa al correísmo, enmendó la Constitución, abriendo la posibilidad de la reelección indefinida de las autoridades, esto a pesar de que un mayoritario segmento de la ciudanía exigía que sea el pueblo, en las urnas, quien decida sobre tan delicado asunto y no una mayoría legislativa acrítica -lo cual siempre produjo asco- sometida a la voluntad de un Ejecutivo que en la práctica cotidiana se reafirmaba en la idea monárquica del “El Estado soy yo”.
Ahora, el Presidente Lenín Moreno, con la propuesta de consulta popular, introduce este tema central para el fortalecimiento de la democracia en el país, en tanto sea el pueblo, y no el pensamiento ovejuno, quien avale si las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo.
Diez años de una farsa social llamada revolución ciudadana se convirtió en una suerte de dolorosa lección para los ecuatorianos que hoy entendemos, con mayor claridad, que la reelección indefinida de las autoridades puede derivar, en autoritarismo, fanatismo y opacidad en la administración de la cosa pública.
No cabe duda que el principio de la reelección indefinida es absolutamente contrario a la naturaleza de un régimen democrático sano, en tanto la alternancia en el poder abre la posibilidad de la renovación de las autoridades, desestimulando que la gestión de quienes cumplen una función de representación popular esté condicionada por el interés de perpetuarse en esa representación a cualquier coste (lo que muchas veces está atado a la falta de transparencia), lo que determina que sus decisiones y acciones estén enfocadas no necesariamente en lo que necesita el pueblo sino en establecer una base electoral que le asegure los votos suficientes para su ratificación en el tiempo.
Como recordamos, la anterior Asamblea Nacional, sumisa al correísmo, enmendó la Constitución, abriendo la posibilidad de la reelección indefinida de las autoridades, esto a pesar de que un mayoritario segmento de la ciudanía exigía que sea el pueblo, en las urnas, quien decida sobre tan delicado asunto y no una mayoría legislativa acrítica -lo cual siempre produjo asco- sometida a la voluntad de un Ejecutivo que en la práctica cotidiana se reafirmaba en la idea monárquica del “El Estado soy yo”.
Ahora, el Presidente Lenín Moreno, con la propuesta de consulta popular, introduce este tema central para el fortalecimiento de la democracia en el país, en tanto sea el pueblo, y no el pensamiento ovejuno, quien avale si las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo.
Diez años de una farsa social llamada revolución ciudadana se convirtió en una suerte de dolorosa lección para los ecuatorianos que hoy entendemos, con mayor claridad, que la reelección indefinida de las autoridades puede derivar, en autoritarismo, fanatismo y opacidad en la administración de la cosa pública.
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