El crimen de Emilia Benavides conmocionó a Loja y al país, no sólo porque la víctima fue una niña de 9 años de edad que debió afrontar hechos y circunstancias atroces que rodean a este caso de terror en proceso de investigación, sino también porque este delito representa para la niñez y la familia ecuatoriana, un fallo de la sociedad en su conjunto.
El estado que es el encargado de brindar seguridad a sus ciudadanos y más aún en el caso de las personas y grupos de atención prioritaria que se definen en el Art. 35 de la Constitución de la República, quienes deben recibir una atención preferente y especializada en los ámbitos público y privado, en esta ocasión y muchas otras, no cumplió con su deber primordial: defender el derecho a la vida.
En este aspecto, lo que se evidencia es una profunda crisis de valores en una sociedad enferma, que se halla subyugada al becerro de oro, al consumismo, al descarte y a la inmediatez. En la gente, ahora, lo que predomina es el individualismo y la falta de solidaridad, propia de un sistema económico que predomina en el mundo y donde las personas deben –para existir- formar parte de la oferta o demanda del mercado.
La noticia de la muerte de Emilia, no obstante, sacudió la conciencia social y derivó en la movilización de una comunidad lojana, que con dolor y rabia, exige justicia para esta niña, así como de las víctimas de violencia expresada en todas sus formas y manifestaciones.
La sociedad le falló a Emilia y la reparación que ésta puede hacer a la memoria de la angelical niña y de su familia, es comprometerse a trabajar para que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse...
El crimen de Emilia Benavides conmocionó a Loja y al país, no sólo porque la víctima fue una niña de 9 años de edad que debió afrontar hechos y circunstancias atroces que rodean a este caso de terror en proceso de investigación, sino también porque este delito representa para la niñez y la familia ecuatoriana, un fallo de la sociedad en su conjunto.
El estado que es el encargado de brindar seguridad a sus ciudadanos y más aún en el caso de las personas y grupos de atención prioritaria que se definen en el Art. 35 de la Constitución de la República, quienes deben recibir una atención preferente y especializada en los ámbitos público y privado, en esta ocasión y muchas otras, no cumplió con su deber primordial: defender el derecho a la vida.
En este aspecto, lo que se evidencia es una profunda crisis de valores en una sociedad enferma, que se halla subyugada al becerro de oro, al consumismo, al descarte y a la inmediatez. En la gente, ahora, lo que predomina es el individualismo y la falta de solidaridad, propia de un sistema económico que predomina en el mundo y donde las personas deben –para existir- formar parte de la oferta o demanda del mercado.
La noticia de la muerte de Emilia, no obstante, sacudió la conciencia social y derivó en la movilización de una comunidad lojana, que con dolor y rabia, exige justicia para esta niña, así como de las víctimas de violencia expresada en todas sus formas y manifestaciones.
La sociedad le falló a Emilia y la reparación que ésta puede hacer a la memoria de la angelical niña y de su familia, es comprometerse a trabajar para que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse...
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