Uno de los mayores desafíos que tiene el actual gobierno, sin duda, es ‘descorreizar’ al Estado, lo cual implica, entre otras cosas, reinstitucionalizar al país y promover la vigencia de una democracia real, es decir, verificar en el terreno de la política el accionar de un régimen respetuoso de las libertades, del disenso y de la participación ciudadana, aspectos que estuvieron ausentes durante la última década en el Ecuador.
Se trata de una cirugía mayor que debe extraer de raíz la masa tumoral putrefacta del autoritarismo y la corrupción, que se enquistaron en la esfera del poder y que, cual metástasis, han contaminado buena parte del tejido social, todo esto en medio de la más descarada impunidad y falta de control que hoy, con el pasar de los días, queda en evidencia.
No obstante, y si bien la Consulta Popular y Referéndum, del próximo 4 de febrero de 2018, abrirá el portón que conduzca paulatinamente por el camino de la recuperación de la democracia; empero, en estos siete meses de gestión del presidente Lenín Moreno, se nota que el yugo del correísmo, ese pesado instrumento de madera que pende sobre la cabeza del aparato institucional, comienza a desmoronarse y, consecuentemente, a obrar con mayor autonomía e independencia. Y es que ese temor del servidor público a ser censurado y juzgado en las sabatinas por parte del ‘iluminado’ ya no existe más.
Prueba de ello, por ejemplo, son los recientes reveses que acumula el superintendente de la Información y Comunicación, al tener que presentar disculpas públicas a los medios de comunicación independientes Teleamazonas y diario El Comercio, al haber vulnerado, en el un caso, el derecho de presunción de inocencia, así como el no actuar desde la orilla de la imparcialidad; y, en el otro, al “adolecer del vicio de indebida motivación”.
En esa línea de reflexión, estas últimas resoluciones judiciales colocan no solo a Carlos Ochoa, principal de la Supercom, contra las cuerdas, más aún cuando la Contraloría General del Estado ha establecido en su contra una predeterminación de destitución por recibir generosos bonos y sueldos sin justificativos en un conocido canal incautado que, en su momento, se convirtió en la caja de resonancia del pensamiento oficialista; sino que, también, ponen en evidencia la necesidad de derogar, o al menos, reformar profundamente, la Ley Orgánica de Comunicación Social, que fue utilizada como instrumento para la sanción antes que para la promoción del derecho humano de la comunicación (lo cual va más allá del aldeano concepto de servicio público). Es decir, con la implementación de la ley, se dio paso a la presencia del verdugo antes que del defensor de la libertad de pensamiento y expresión.
Lo cierto es que los tiempos han cambiado. El correísmo está en franca retirada. Quienes hasta hace poco gozaban de la bendición y amparo del ‘Rey Sol’, lo que les otorgaba una especie de patente de corso para abusar, hoy se ven obligados a actuar dentro de los límites que impone la normativa legal.
Esto es fundamental comprender. Ese opaco y triste episodio de la revolución ciudadana llegó a su final. El juego simplemente terminó. Game over es la expresión.
Uno de los mayores desafíos que tiene el actual gobierno, sin duda, es ‘descorreizar’ al Estado, lo cual implica, entre otras cosas, reinstitucionalizar al país y promover la vigencia de una democracia real, es decir, verificar en el terreno de la política el accionar de un régimen respetuoso de las libertades, del disenso y de la participación ciudadana, aspectos que estuvieron ausentes durante la última década en el Ecuador.
Se trata de una cirugía mayor que debe extraer de raíz la masa tumoral putrefacta del autoritarismo y la corrupción, que se enquistaron en la esfera del poder y que, cual metástasis, han contaminado buena parte del tejido social, todo esto en medio de la más descarada impunidad y falta de control que hoy, con el pasar de los días, queda en evidencia.
No obstante, y si bien la Consulta Popular y Referéndum, del próximo 4 de febrero de 2018, abrirá el portón que conduzca paulatinamente por el camino de la recuperación de la democracia; empero, en estos siete meses de gestión del presidente Lenín Moreno, se nota que el yugo del correísmo, ese pesado instrumento de madera que pende sobre la cabeza del aparato institucional, comienza a desmoronarse y, consecuentemente, a obrar con mayor autonomía e independencia. Y es que ese temor del servidor público a ser censurado y juzgado en las sabatinas por parte del ‘iluminado’ ya no existe más.
Prueba de ello, por ejemplo, son los recientes reveses que acumula el superintendente de la Información y Comunicación, al tener que presentar disculpas públicas a los medios de comunicación independientes Teleamazonas y diario El Comercio, al haber vulnerado, en el un caso, el derecho de presunción de inocencia, así como el no actuar desde la orilla de la imparcialidad; y, en el otro, al “adolecer del vicio de indebida motivación”.
En esa línea de reflexión, estas últimas resoluciones judiciales colocan no solo a Carlos Ochoa, principal de la Supercom, contra las cuerdas, más aún cuando la Contraloría General del Estado ha establecido en su contra una predeterminación de destitución por recibir generosos bonos y sueldos sin justificativos en un conocido canal incautado que, en su momento, se convirtió en la caja de resonancia del pensamiento oficialista; sino que, también, ponen en evidencia la necesidad de derogar, o al menos, reformar profundamente, la Ley Orgánica de Comunicación Social, que fue utilizada como instrumento para la sanción antes que para la promoción del derecho humano de la comunicación (lo cual va más allá del aldeano concepto de servicio público). Es decir, con la implementación de la ley, se dio paso a la presencia del verdugo antes que del defensor de la libertad de pensamiento y expresión.
Lo cierto es que los tiempos han cambiado. El correísmo está en franca retirada. Quienes hasta hace poco gozaban de la bendición y amparo del ‘Rey Sol’, lo que les otorgaba una especie de patente de corso para abusar, hoy se ven obligados a actuar dentro de los límites que impone la normativa legal.
Esto es fundamental comprender. Ese opaco y triste episodio de la revolución ciudadana llegó a su final. El juego simplemente terminó. Game over es la expresión.
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