EL SICARIATO

Los niveles de inseguridad y violencia que golpean al país cada vez son más insoportables para una población que vive en medio del temor y la angustia. Ahora, tanto las grandes metrópolis, las ciudades intermedias y hasta en los pueblos más apartados de la geografía nacional está presente la delincuencia y el crimen organizado, con lo cual queda claro que el Ecuador hace un buen tiempo dejó de ser la isla de paz que conocíamos.

En estos momentos, particularmente preocupa el crecimiento del sicariato, delito en el que un asesino a sueldo mata a una persona por encargo a cambio de recibir una ‘recompensa’. A través de ese mecanismo demencial, hay que decirlo, lo que se advierte es el carácter de mercancía o ‘cosa’ que adquieren los seres humanos dentro de un sistema de corte hobbesiano; pues, para el sicario no todas las víctimas son iguales, sino que cada una tiene un precio diferente, el mismo que puede responder ya sea a la situación económico-social de la víctima, al grado de dificultad que conlleva la eliminación del individuo o las motivaciones que conducen a una persona a contratar los servicios de un matón a sueldo.

En verdad, son muchas familias ecuatorianas que hoy lloran a sus muertos como resultado de la execrable acción de quienes, en asociación ilícita, deciden poner fin a la vida de un individuo. Lamentablemente, la responsabilidad que tiene el Estado de brindar protección y seguridad a sus ciudadanos, resulta insuficiente y a veces permanece olvidada dentro de viejos anaqueles asignados a burócratas que no logran ver más allá de sus narices.

Comencemos por citar que la legislación en forma expresa ni siquiera reconoce la figura del sicariato como tal, a pesar de que el delito está presente a diario en las calles de nuestras urbes teñidas de sangre, como por ejemplo, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Quito, etc.

Asimismo, existen serios cuestionamientos a los administradores de justicia, cuando muchas veces el trabajo sacrificado de la Policía Nacional no concluye necesariamente en el juzgamiento y sanción del infractor, creando con ello un velo de impunidad. Y quizá, lo que es más grave, entregando a la gente un mensaje errático que habla, por un lado, de desamparo para el ciudadano común y, por otro, de debilidad institucional frente al hampa, lumpen sobre la que debe caer con firmeza y sin contemplaciones el peso y rigor de la ley.

Además, resulta alarmante la relación que se advierte entre el incremento del sicariato en el Ecuador y la apertura indiscriminada de nuestras fronteras, más aún cuando se conoce que este delito guarda estrecho vínculo con el narcotráfico, bestia apocalíptica que asfixia a la sufrida República de Colombia.

Por lo mismo, urge implementar planes de trabajo encaminados a combatir al sicariato y a otras formas de delito organizado, con base al fortalecimiento de la Fuerza Pública y a sus sistemas de inteligencia e información, la depuración y profesionalización de los administradores de justicia, así como un adecuado control sobre el ingreso de extranjeros al país.

Sin duda, el sicariato no se combate exclusivamente con mayores patrullajes o regulaciones en el uso de las motocicletas. De lo que se trata es actuar de manera integral, con lógica y decisión.