No se trata de una fecha dedicada a concienciar a la población respecto a los efectos de la contaminación acústica, una de las formas de polución de las sociedades modernas que altera, poco a poco, el sistema nervioso de las personas. No. El 14 de junio (14-J), en el Ecuador, podría considerarse como el día del silencio, a propósito de la aprobación del controversial Proyecto de Ley de Comunicación (LC) por parte de la Asamblea Nacional.
En verdad, el 14-J tuvo las características propias de un tsunami (tanto por la fuerza de su ola como por el área de influencia) aplicado a la esfera de lo político. Desde tiempo atrás, los sensores tanto nacionales como extranjeros, oportunamente encendieron sus alertas tempranas con relación a la potencial afectación de la libertad de expresión y pensamiento en el país, derecho humano fundamental al cual se lo trata de ajustar, mediante algunas normas llenas de subjetividades, a una camisa de fuerza, cual corsé ideológico, orientado a silenciar, vía la autocensura, las voces disidentes.
Ciertamente, en la quietud de una tarde veraniega capitalina, de repente, una gigantesca ola de una altura de 108 votos, en promedio, y con una velocidad arrasadora que no dio espacio al necesario debate (que es lo que caracteriza en su esencia a un Parlamento), sentenció la suerte de la Ley de Comunicación, conforme a las aspiraciones de la mayoría oficialista.
Frente a este oscuro horizonte, la solidaridad internacional se ha hecho presente, pues advierte un escenario poco alentador, ante la eventual presencia de millones de damnificados como resultado de procesos de comunicación e información que pudieran moldearse desde el poder, esto independientemente de quien ejerza el gobierno de turno.
Así, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch (HRW), Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), etc., hablan de “consternación” o de “retroceso histórico” al cuestionar los alcances de la Ley de Comunicación.
Y es que preocupa, verbigracia, aquello del linchamiento mediático que se desarrolla en el Art. 26 de la Ley de Comunicación, cuyo texto destaca: “queda prohibida la difusión de información que (…) sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad”. Tal como se redacta el artículo, en términos prácticos, se estaría acabando con el periodismo de investigación; pues, hay que reconocer que el comunicador al analizar, contrastar y difundir un hecho noticioso, particularmente relacionado con actos de corrupción, visibiliza al sujeto examinado ante la opinión pública. No se puede esperar otra cosa…
También, en la Ley de Comunicación causa preocupación lo atinente a la regulación y control que se ejercerá a través del Consejo de Regulación y Desarrollo (Art. 48) y de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Art. 55), ambos organismos presididos por funcionarios cuya fuente de origen, en el fondo, estará en el Ejecutivo.
En esos términos, el 14-J simbólicamente se presenta como el día del silencio, hasta tanto la sensatez revise esta normativa carente de legitimidad que estropea los principios y valores con los que se nutre un pueblo libre.
No se trata de una fecha dedicada a concienciar a la población respecto a los efectos de la contaminación acústica, una de las formas de polución de las sociedades modernas que altera, poco a poco, el sistema nervioso de las personas. No. El 14 de junio (14-J), en el Ecuador, podría considerarse como el día del silencio, a propósito de la aprobación del controversial Proyecto de Ley de Comunicación (LC) por parte de la Asamblea Nacional.
En verdad, el 14-J tuvo las características propias de un tsunami (tanto por la fuerza de su ola como por el área de influencia) aplicado a la esfera de lo político. Desde tiempo atrás, los sensores tanto nacionales como extranjeros, oportunamente encendieron sus alertas tempranas con relación a la potencial afectación de la libertad de expresión y pensamiento en el país, derecho humano fundamental al cual se lo trata de ajustar, mediante algunas normas llenas de subjetividades, a una camisa de fuerza, cual corsé ideológico, orientado a silenciar, vía la autocensura, las voces disidentes.
Ciertamente, en la quietud de una tarde veraniega capitalina, de repente, una gigantesca ola de una altura de 108 votos, en promedio, y con una velocidad arrasadora que no dio espacio al necesario debate (que es lo que caracteriza en su esencia a un Parlamento), sentenció la suerte de la Ley de Comunicación, conforme a las aspiraciones de la mayoría oficialista.
Frente a este oscuro horizonte, la solidaridad internacional se ha hecho presente, pues advierte un escenario poco alentador, ante la eventual presencia de millones de damnificados como resultado de procesos de comunicación e información que pudieran moldearse desde el poder, esto independientemente de quien ejerza el gobierno de turno.
Así, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch (HRW), Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), etc., hablan de “consternación” o de “retroceso histórico” al cuestionar los alcances de la Ley de Comunicación.
Y es que preocupa, verbigracia, aquello del linchamiento mediático que se desarrolla en el Art. 26 de la Ley de Comunicación, cuyo texto destaca: “queda prohibida la difusión de información que (…) sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad”. Tal como se redacta el artículo, en términos prácticos, se estaría acabando con el periodismo de investigación; pues, hay que reconocer que el comunicador al analizar, contrastar y difundir un hecho noticioso, particularmente relacionado con actos de corrupción, visibiliza al sujeto examinado ante la opinión pública. No se puede esperar otra cosa…
También, en la Ley de Comunicación causa preocupación lo atinente a la regulación y control que se ejercerá a través del Consejo de Regulación y Desarrollo (Art. 48) y de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Art. 55), ambos organismos presididos por funcionarios cuya fuente de origen, en el fondo, estará en el Ejecutivo.
En esos términos, el 14-J simbólicamente se presenta como el día del silencio, hasta tanto la sensatez revise esta normativa carente de legitimidad que estropea los principios y valores con los que se nutre un pueblo libre.
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