LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA

Todos coincidimos en que el país para salir del estado de postración y atraso en el que se encuentra requiere no de una simple y cosmética reforma educativa sino de una auténtica y profunda revolución, en tanto este proceso permita devolverles a nuestros niños y jóvenes la natural curiosidad y la inclinación por la investigación tan necesarias para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como cultivar sobre todo en el alumnado el pensamiento crítico, poderosa herramienta que transforma y modela a la nueva sociedad.

Esta realidad resultar ser incuestionable y quien tenga dos dedos de frente no puede oponerse a un cambio en el sistema educativo ecuatoriano. Hasta aquí se coincide plenamente con la posición del Primer Mandatario en el sentido de inaugurar una universidad que apoyada en la excelencia académica se vincule estrechamente con los requerimientos de un país que para su crecimiento y desarrollo exige de la participación de ciudadanos altamente calificados y revestidos de una robusta ética profesional que trascienda las visiones meramente ‘economicistas’ que lamentablemente alienta el modelo neoliberal, cuyo propósito apunta a la mercantilización del hombre.

Eso no está en discusión. La polémica y polvareda que se ha levantado en estos días más bien obedece al hecho de que a través de la Ley de Educación Superior que se tramita en la Asamblea Nacional, se trata de lesionar principios fundamentales como el de la autonomía del alma mater, la libertad de cátedra y con ello controlar el pensamiento al interior de los claustros universitarios, a través de una eventual interferencia de los gobiernos de turno mediante la acción de sus representantes en instancias burocráticas.

Frente a estos reales peligros, una obsecuente y sumisa función legislativa, no ha hecho otra cosa que incrementar en la población la confusión y desconfianza en torno a este controvertible tema. Por un lado, la bancada oficialista, cumpliendo la pobre función de amplificador del discurso que se pronuncia desde Carondelet. Y es que más pueden las ansias de poder que la posibilidad de discrepar dentro de un bloque donde está prohibido pensar diferente. Por otro lado están los asambleístas bisagras que cierran o abren opciones con base a criterios o visiones pueblerinas como aquellas de trocar votos por creación de universidades.

En este punto se pregunta en ¿qué queda el Art. 127 de la Constitución que determina que los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país y actuarán con sentido nacional?. ¡En nada!. A la final se trata de una simple norma constitucional, como otras de Montecristi que no se observan ni se respetan.

También llena de dolor observar a un puñado de jóvenes universitarios, enloquecidos, carentes de ideas y argumentos, lanzando piedras y palos contra los bienes públicos, como si con esas acciones vandálicas se puede poner fin a esta torpe pretensión del gobierno.

La propuesta de los estudiantes y de todos quienes se oponen a este nuevo dislate oficialista, debe ser eminentemente académica. Hay que reemplazar el palo, la piedra o la descalificación con la presentación de alternativas y, desde luego, la movilización social que con voz firme exija el respeto a la universidad.