VIOLENCIA ILEGÍTIMA

La necesidad de normar las relaciones entre los miembros de la sociedad, en cuyo interior el interés individual no siempre coincide con el bien común, obligó a que los hombres cedan libertades y se sometan –por voluntad propia- a una autoridad y marco jurídico en el que se establecen los derechos y deberes de los actores, esto a propósito de crear las condiciones idóneas para una convivencia pacífica y ordenada.

Precisamente, esta forma de contrato o pacto social explica el origen y propósito del Estado al cual se le atribuye el monopolio de la violencia legítima, cuya acción asegura el cumplimiento de las normas y la defensa de la libertades, lo cual difiere de aquella construcción hobbesiana del Estado de naturaleza, escenario en el que prevalece el miedo, la violencia y la muerte.

De ahí que haya causado últimamente conmoción en los ecuatorianos el observar a varios policías agrediendo en forma cobarde a un ciudadano indefenso; víctima que, paradójicamente, habría buscado auxilio luego de ser atacado por delincuentes en la ciudad de Guayaquil. Lo cierto es que las cámaras del sistema ‘ojos de águila’ lo que grabaron en este caso fue el abuso policial y la más grosera aplicación de la violencia ilegítima.

Lo curioso es que el Art. 163 del gran poemario nacional, léase Constitución de Montecristi, expresamente señala que “los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”.

Por lo mismo, y si bien las aberraciones cometidas entendemos constituyen actos aislados en la Fuerza Pública, no menos cierto es que deterioran y debilitan la imagen de una institución creada para proteger a las personas dentro del territorio nacional. Además, no podemos soslayar que hace pocas semanas, en su visita a Ecuador, el Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, a más de cuestionar aspectos de la gestión policial, recomendó que “la era de una Policía que se investiga a sí misma debe llegar a su fin…”, sugiriendo inclusive analizar la implementación de una veeduría ciudadana para sus actuaciones.

En verdad, el video que recoge la agresión a Omar Vidal Loor, no sólo que servirá como prueba para aclarar los hechos y desvirtuar un parte policial que pretende convertir a la víctima en victimario, sino sobre todo debe ser aprovechado como material educativo en la formación de los gendarmes, en aquello de distinguir con nitidez el concepto de violencia legítima e ilegítima.

Esperamos que más allá de las disculpas ofrecidas por el Ministro del Interior y las autoridades de la Policía Nacional, la verdad brille y los responsables de estos ilícitos sean sancionados de manera ejemplar.

Es hora de reconstruir la confianza entre el pueblo y su policía…