A ENFRENTAR LA INSEGURIDAD

Los ecuatorianos ya no soportamos más los niveles de violencia y criminalidad que se presentan en ciudades tanto grandes como pequeñas, en urbes costeñas, serranas u orientales. Lo cierto es que el sentimiento de temor se va apoderando de a poco de una sociedad que se muestra desprotegida y sobre todo vulnerable.

En efecto, las cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de la Policía Judicial corroboran esta tendencia donde se advierte que las ciudades de Manta, Portoviejo, Esmeraldas, Sucumbíos y Guayaquil presentan la mayor incidencia delictiva, estadísticas a la que se suma la capital de la República, en la que últimamente tuvo lugar una marcha impulsada por los llamados “sobrevivientes de la delincuencia”, en procura de unir esfuerzos para combatir eficazmente a este mal.

Pero hay que insistir en que el problema de la inseguridad no es un asunto exclusivo de las grandes metrópolis. De hecho, la ciudad de Loja, otrora paradisíaco y tranquilo vecindario, es víctima de una acción delincuencial cada vez más atrevida. Por ejemplo, la Policía Judicial para el período enero – octubre de 2009 reporta que en nuestra provincia se presentaron 1,265 denuncias lo cual representa una tasa del 286 por cada 100,000 habitantes; índice mayor incluso al del Azuay que asciende a 251 por cada 100,000 habitantes.

Consecuentemente, estamos ante un problema que requiere de soluciones integrales y no de medidas parches o aisladas. La responsabilidad no solamente descansa en la Policía Nacional, cuyos miembros, hay que decirlo, valientemente ponen el pecho a las balas. También está la tarea de los fiscales y jueces, quienes como administradores de justicia, deben proceder en forma ágil y ajustar sus decisiones estrictamente a derecho. Desde luego, no podemos soslayar la participación de la Legislatura, a través de la urgente aprobación de reformas al Código y Procedimiento Penal, asegurando el endurecimiento de las penas para los infractores; pues, no es posible declarar la guerra a la delincuencia con un marco jurídico permisivo.

Pero también está la sociedad civil que debe dejar a un lado la comodidad que representa ser un simple observador y pasar a la condición de actor dinámico, lo que implica organizarse para tomar conciencia de la gravedad que representa el crecimiento exponencial de la violencia e inseguridad en el país.

Así, cuán beneficioso y gratificante sería observar a los lojanos, particularmente a la juventud, movilizarse públicamente por la paz y la seguridad ciudadanas, exigiendo a sus autoridades la adopción de acciones concretas que permitan devolver a Loja su carácter de recoleta y franciscana ciudad.

Sin duda, el mejor aliado de los violentos y de los delincuentes, termina siendo la indiferencia de la población. Por lo mismo, hay que manifestarse con energía y decisión por la conservación de uno de los derechos constitucionales más importantes como es el de “garantizar el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Entonces, actuemos en consecuencia.