NO, SEÑORES FISCALES

La Fiscalía General del Estado como órgano autónomo de la Función Judicial según el Art. 195 de la Constitución es quien dirige “…la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas…”; por lo mismo, su trabajo que es eminentemente técnico debe cumplirse con independencia y, desde luego, con la suficiente transparencia a fin de otorgarle credibilidad a sus actos.

No obstante de lo señalado, curiosamente en el Diario El Comercio, a propósito del lamentable accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Quito el 14 de enero de 2010, en el que murió la joven Nathalia Emme Bedoya, al ser atropellada por un vehículo en el que viajaba la Dra. Aliz Borja, esposa del Fiscal General del Estado, se publica un manifiesto a la ciudadanía suscrito por parte de los señores Fiscales Provinciales, Directores Nacionales, Asesores y Funcionarios de la Fiscalía General del Estado a nivel nacional, cuyo texto generó una agria reacción en la población, al haberse mezclado el llamado “espíritu de cuerpo” con un hecho que está en proceso de investigación.

Así, los responsables del comunicado sostienen, entre otras cosas, que “…rechazamos categóricamente la actitud irracional y violenta asumida por un grupo de exaltados individuos que, sin medir las consecuencias, agredieron a una ciudadana inocente, a una médica de prestigio, como la Doctora Aliz Borja de Pesantez, que vistos los hechos serena y objetivamente, resulta ser una víctima más del trágico accidente…”. Con esta afirmación no sólo que se está descalificando a un grupo de personas que estuvieron en el lugar de los acontecimientos sino que además, y eso es lo que preocupa, se anticipan a calificar la inocencia de la Dra. Borja de Pesantez. Si esto es así, entonces ¿ para qué receptar las declaraciones de testigos si ya se conocen los resultados?. Paradójicamente, tampoco cabría siquiera la aspiración de quienes suscriben el manifiesto en cuanto a que “se realice una investigación sería y técnico-científica, y cuyos resultados respondan exclusivamente a los recaudos procesales, hasta llegar a la verdad de los hechos”. ¿Cómo?, nos preguntamos, si de antemano ya se considera a la esposa del Fiscal General del Estado como una “ciudadana inocente” y, adicionalmente, como “una víctima más del trágico accidente”.

Asimismo, preocupa el cuestionamiento que se hace a algunos medios de comunicación al considerar que este tema ha sido tratado “…con evidente sensacionalismo, sin encuadrar la información en los principios de objetividad, veracidad y ética periodística”. Si esto es así, ¿ por qué no se mencionan a los medios que han manejado la noticia de esa manera?.

No hay que olvidar que lo que persiguen los familiares de Nathalia Emme Bedoya, así como los miles de ciudadanos que se han unido en torno a esta tragedia, como se advierte en los más de 15,659 miembros que forman parte de la red social Facebook (Justicia para Natalia Emme Bedoya), es llegar a conocer simplemente la verdad y que los responsables asuman sus culpas.

En nada ayuda a este propósito parcializados manifiestos como el comentado. Más bien, el Consejo de la Judicatura, en concordancia con su responsabilidad de “velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial” (Art. 181 de la Constitución), debe examinar la conducta de los señores Fiscales adoptada en torno a este caso que ha conmovido a la comunidad ecuatoriana.