FRACTURA SOCIAL

El oficialismo tiene muy claro el efecto que produce en política la máxima divide et impera. La consecuencia luego de algo más de cinco años de vigencia del socialismo del siglo XXI, es un país penosamente fracturado, en el que el debate -según la mente afiebrada de quienes detentan temporalmente el poder- se reduce a confrontar tesis de gobiernistas y opositores, de progresistas y conservadores; en definitiva, una lucha entre buenos y malos o lo que equivale a decir, entre adalides de la revolución ciudadana y los defensores de la larga noche neoliberal o súbditos del imperio. No hay espacio para el pensamiento ecléctico y sobre todo crítico tan necesario en una democracia real, pues su sola mención produce escozor entre los espadachines bolivarianos y alfaristas, para quienes las voces equilibradas o divergentes, simplemente son catalogadas como funcionales al establishment. En realidad, en el actual escenario, el disenso antes que ser asumido como una fortaleza dentro de un sistema político saludable, incluyente y participativo, se codifica más bien como una amenaza interna que hay que combatir y desacreditar. Para ello, existe un gigantesco aparato propagandístico y publicitario que cumple su tarea de manera eficiente, así como mecanismos de cooptación en el que los privilegios burocráticos terminan algunas veces por colocar en un plano secundario a las ideologías y principios. Al final, la aplicación de las estrategias de corte maquiavélico producen los efectos esperados. Ahora los trabajadores, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya no están unificados en un solo frente, como se observó este 1 de mayo. Por un lado desfilan, como es lógico pensar, los obreros, reivindicando sus derechos y reclamando mejoras y enmiendas a la política laboral; y, por otro, marchan también un buen número de trabajadores –aunque después de lo ocurrido el 22 M- no se si por voluntad propia, aplaudiendo hasta con las orejas, la gestión realizada por el patrón Estado, incluyendo los resultados que produce el cuestionado Decreto 813, es decir, masivas desvinculaciones obligatorias de la fuerza laboral y la reducción del trabajo a la calidad de mercancía, como lo asume, valga subrayar, la más ortodoxa corriente liberal. Esto último, cabe señalar, habla más bien de una suerte de masoquismo obrero, en la que al parecer muy poco sirvieron las enseñanzas entregadas por los mártires de Chicago, así como la tragedia que viven a diario el segmento de desempleados y subempleados que en el país superan el 48%, de acuerdo con la metodología de cálculo empleada por el actual régimen. Igualmente, en el sector de los indígenas, estudiantes, sindicatos y demás movimientos sociales se presenta una fisura en su base, lo cual ha sido aprovechado para modular la fuerza de los reclamos, ejerciendo para ello marchas y contra-marchas, así como criminalizando la protesta social, conforme lo denunció en su momento la propia Defensoría del Pueblo (DPE). Sin duda, un país con fractura social y altamente polarizado no tiene un buen diagnóstico.

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