Cuando el Presidente de la República hace un llamado al boicot, proponiendo no comprar periódicos ni ver los canales que forman parte de los medios independientes, calificados por un intolerante oficialismo de corruptos, no sólo que deforma el concepto de la libertad de información, sino que vulnera claras disposiciones constitucionales y legales que como autoridades están en la obligación de respetar de manera rigurosa.
Así, el Art. 17 de la Carta Fundamental señala en forma expresa que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, mediante la creación y el “…fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios…”. Entonces, si el régimen –sin sonrojarse siquiera- alienta aquello de asfixiar económicamente a quien considera su enemigo interno por el único pecado de ejercer un periodismo crítico e investigativo, ¿cómo en ese escenario retrógrado y plagado de contradicciones se puede atender la invocada norma superior?.
Asimismo, al prohibirse a los ministros y funcionarios conceder entrevistas a canales etiquetados de ‘mercantilistas’, con el pueril razonamiento de que con sus brillantes y enriquecedoras intervenciones estarían apoyando indirectamente al mejoramiento del estado de pérdidas y ganancias de esas empresas, lo que se lesiona en realidad es el principio de publicidad de la información pública que contempla la LOTAIP; pues, los ciudadanos tienen derecho a conocer, analizar y contrastar aquellos temas que afectan su bienestar. Recordemos que el objeto de la LOTAIP es, entre otras cosas, “permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social”. Y en eso los periodistas juegan un papel decisivo y determinante. Así lo evidencia el accionar histórico del periodismo ecuatoriano, cuyas páginas doradas, no obstante, tratan de ser minimizadas por quienes hoy, desde posiciones burocráticas transitorias, se creen dueños de la verdad o intentan jugar a ser Dios al colocarse sobre el bien y el mal.
En este penoso episodio prensa-gobierno que debilita las bases de un sistema democrático saludable, lamentablemente no se entiende que en el ámbito comunicacional las leyes del mercado también intervienen con su fría lógica y que son los ciudadanos quienes deciden en últimas que periódico leer, que radio escuchar o que canal de televisión ver.
Valga subrayar que el respeto y las lealtades no se imponen y menos por decreto o en cansinas sabatinas. Estas se ganan a pulso, con el trabajo informativo diario, de ahí que el principal capital que poseen los medios es la credibilidad.
Consecuentemente, el camino que deben transitar los medios públicos para sumar audiencias es aún enorme y con un desafío fundamental: cortar de un tajo el cordón umbilical que confunde a la estación pública con un instrumento gubernamental. De hacerlo, se mejorará los bajos índices de aceptación que éstos tienen en la población y que ni siquiera la gratuidad ha abonado en su acogida por lo que viven condenados a una vida artificial, es decir, conectados indefectiblemente a un respirador llamado presupuesto general del Estado.
Cuando el Presidente de la República hace un llamado al boicot, proponiendo no comprar periódicos ni ver los canales que forman parte de los medios independientes, calificados por un intolerante oficialismo de corruptos, no sólo que deforma el concepto de la libertad de información, sino que vulnera claras disposiciones constitucionales y legales que como autoridades están en la obligación de respetar de manera rigurosa.
Así, el Art. 17 de la Carta Fundamental señala en forma expresa que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, mediante la creación y el “…fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios…”. Entonces, si el régimen –sin sonrojarse siquiera- alienta aquello de asfixiar económicamente a quien considera su enemigo interno por el único pecado de ejercer un periodismo crítico e investigativo, ¿cómo en ese escenario retrógrado y plagado de contradicciones se puede atender la invocada norma superior?.
Asimismo, al prohibirse a los ministros y funcionarios conceder entrevistas a canales etiquetados de ‘mercantilistas’, con el pueril razonamiento de que con sus brillantes y enriquecedoras intervenciones estarían apoyando indirectamente al mejoramiento del estado de pérdidas y ganancias de esas empresas, lo que se lesiona en realidad es el principio de publicidad de la información pública que contempla la LOTAIP; pues, los ciudadanos tienen derecho a conocer, analizar y contrastar aquellos temas que afectan su bienestar. Recordemos que el objeto de la LOTAIP es, entre otras cosas, “permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social”. Y en eso los periodistas juegan un papel decisivo y determinante. Así lo evidencia el accionar histórico del periodismo ecuatoriano, cuyas páginas doradas, no obstante, tratan de ser minimizadas por quienes hoy, desde posiciones burocráticas transitorias, se creen dueños de la verdad o intentan jugar a ser Dios al colocarse sobre el bien y el mal.
En este penoso episodio prensa-gobierno que debilita las bases de un sistema democrático saludable, lamentablemente no se entiende que en el ámbito comunicacional las leyes del mercado también intervienen con su fría lógica y que son los ciudadanos quienes deciden en últimas que periódico leer, que radio escuchar o que canal de televisión ver.
Valga subrayar que el respeto y las lealtades no se imponen y menos por decreto o en cansinas sabatinas. Estas se ganan a pulso, con el trabajo informativo diario, de ahí que el principal capital que poseen los medios es la credibilidad.
Consecuentemente, el camino que deben transitar los medios públicos para sumar audiencias es aún enorme y con un desafío fundamental: cortar de un tajo el cordón umbilical que confunde a la estación pública con un instrumento gubernamental. De hacerlo, se mejorará los bajos índices de aceptación que éstos tienen en la población y que ni siquiera la gratuidad ha abonado en su acogida por lo que viven condenados a una vida artificial, es decir, conectados indefectiblemente a un respirador llamado presupuesto general del Estado.
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