EL DERECHO DE REPETICION

El numeral 9) del Art. 11 de la actual Constitución determina que “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas…”.

Esto es importante tener presente, más aún en momentos en que el país vive una nueva crisis energética, la que ha derivado otra vez en ‘apagones’, alterando no solamente el quehacer cotidiano de las personas, empresas e instituciones, sino en lo fundamental, afectando directamente el funcionamiento de la economía nacional, cuyo accionar se halla estrechamente vinculado con la oferta de energía disponible, fuerza que mueve el motor del desarrollo.

En principio, el Ministro de Electricidad y luego el propio Presidente de la República, con sus explicaciones, han querido liberarse de este peso muerto y, más bien, cargar en las espaldas de anteriores administraciones gubernamentales, la responsabilidad del caos energético.

Pero lo cierto es que el pueblo ya no comulga con ruedas de molino y, por lo mismo, no se puede subestimar la inteligencia de la gente de a pie, al intentar justificar lo injustificable o buscar la cuadratura del círculo en cadenas oficiales. Si bien es cierto que hay una evidente culpa por la inacción en materia de energía de gobiernos que precedieron al de la revolución ciudadana, pero también el actual régimen tiene su cuota de participación al no haber mejorado el mercado eléctrico, pese a que han transcurrido ya 32 meses de gestión, la misma que además ha estado alimentada por ingentes recursos petroleros.

Señor Presidente. El problema de la crisis energética no se resuelve tratando de tapar el sol con un dedo, ni tampoco evadiendo las responsabilidades o buscando culpables en otros tiempos y lugares. Eso sólo denota una enorme soberbia e inmadurez política y la incapacidad de un régimen por aceptar los errores propios, cuyo reconocimiento es lo que permite su enmienda.

Lo cierto es que el Ecuador del siglo XXI paradójicamente está a oscuras, a expensas de la naturaleza y sus caprichos. Por ahora, las espermas y las lámparas ‘petromax’ de nuestros abuelos habrá que desempolvarlas hasta que las lluvias visiten la Central Hidroeléctrica Paute y el nivel del agua retome su cota normal.

De esa manera, con la ayuda celestial, los apagones más adelante podrían terminar y con ello olvidarnos también lo que dice la Constitución con relación al derecho de repetición y los servicios públicos. Seguramente, habrá tiempo para cuantificar las millonarias pérdidas que generen los apagones, así como los amplios espacios sabatinos para anunciar la construcción de un Ecuador distinto al del medievo actual.